Victor Manuel Arce GarciaEn los últimos años en Chile se han implementado diversas leyes que apuntan a disminuir la cantidad de residuos, tales como la Ley REP o la Ley que prohíbe los artículos de plástico de un solo uso, normativas que obligan a los municipios a tomar un rol activo tanto en la fiscalización como en la implementación de estas normas.
Es por esta razón que en su rol fiscalizador, el diputado republicano José Meza, envió un oficio a los alcaldes de Recoleta, Quinta Normal, Huechuraba, Cerro Navia, Renca, Lo Prado, Independencia y Conchalí, para solicitarles que informen la cantidad de puntos limpios que se encuentran en su comuna y cómo se realizará la implementación de la Ley 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.
El representante del distrito 9, manifestó que “recientemente en febrero entró en vigencia la Ley de Plásticos, la cual establece que la fiscalización de esta normativa estará en manos de las municipalidades, quienes deberán educar a la población y además aplicar multas a quienes incumplan esta medida, por lo que he solicitado a los ediles, por medio de un oficio, que den a conocer cómo piensan llevar adelante estas fiscalizaciones.”
De acuerdo a la asociación australiana, Minderoo Foundation, nuestro país alcanza los 51 kilos por persona de plásticos de un solo uso desechados al año, un número muy superior al de otros países vecinos con poblaciones mucho mayores. De esta manera, nos ubicamos en el lugar número 11 de los 100 países analizados en el estudio.
Ante este escenario, el congresista señaló que “es fundamental que sigamos avanzando en normativas que nos permitan generar un verdadero cambio cultural en relación al reciclaje y la gestión de residuos. Por lo mismo, es en las comunas donde debemos poner el foco, aumentando, por ejemplo, la cantidad de puntos limpios destinados a recibir selectivamente residuos entregados por la población.”
El incumplimiento de la ley que regula el uso de plásticos genera multas, que irán en beneficio municipal, entre 1 y 5 UTM por cada producto entregado que no cumpla la normativa, es decir entre $50 mil y $250 mil aproximadamente.