Victor Manuel Arce GarciaEn el marco del Día Nacional Contra el Femicidio el presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana anunciaron un proyecto de ley que tipifica los delitos de inducción al suicidio y suicidio femicida, con el objetivo de incorporar derechos específicos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación y evitar su revictimización, protegiendo su seguridad, identidad y dignidad.
De acuerdo con el jefe de Estado, la ley permitirá tomar declaración a las víctimas en el tiempo más próximo de la denuncia en un soporte que evite que ésta se realice nuevamente durante la investigación.
El 31 de agosto de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. En adición a lo anterior, la nueva ley tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. Esta norma, impulsada en la Cámara de Diputadas y Diputados, contó con el respaldo de la familia de Antonia Barra -joven que se suicidó tras haber sufrido abuso sexual-, quienes acompañaron íntegramente el proceso legislativo.
“Cuando una mujer es víctima de femicidio sufre todo su entorno familiar, en particular sus hijos y sus hijas, niñas, niños y adolescentes que requieren de una reparación económica también para no quedar desprotegidos. Esto nos pone en alerta y es por ello que hemos ingresado un paquete de medidas al proyecto de reparación de víctimas de femicidios y su familia”, expuso el mandatario.
Las otras medidas del Gobierno de Gabriel Boric
En la misma línea de la Ley Antonia, Gabriel Boric anunció indicaciones al proyecto de ley de Reparación para Víctimas de Femicidio. Esto con el fin de incluir una pensión de reparación por orfandad. La cual va dirigida para hijas e hijos menores de 18 años de mujeres víctimas de este delito.
Asimismo, se reactivó la discusión del proyecto de ley en el Congreso por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La cual establece deberes particulares de los órganos del Estado en materia de «prevención, investigación, sanción y reparación en casos de violencia» contra el género femenino.
Por otra parte, también está el «Plan Chile para Todas». El que busca «redistribuir las responsabilidades de cuidado y mejorar los niveles de participación laboral de las mujeres». Además de la ampliación de ciertos sectores de la economía que se encuentran altamente masculinizados.