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Ley de Migraciones:Acusan que el Gobierno está entregando información incompleta

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Consultada por las críticas que hizo el Gobierno a la indicación aprobada en la Ley de Migraciones, que impediría expulsar a ciudadanos extranjeros desde Chile, cuya integridad corre riesgo o peligro en su país de origen, la diputada DC Joanna Pérez, integrante de la comisión de Gobierno Interior y firmante de dicha indicación, salió al paso de los cuestionamientos.

Al respecto, explicó que “es lamentable que el Gobierno inicie una ofensiva criticando esta indicación cuando sabe, perfectamente, que existen y seguirán existiendo todas las normas vigentes en materia de expulsión; nuestra indicación es precisa y se refiere a aquellos casos en que se encuentre en riesgo el derecho a la vida, integridad física o a la libertad personal de las personas”.

La parlamentaria agregó que no es efectivo lo que plantea el Ejecutivo, por lo que pidió “que lea bien la indicación y que espere, porque aún se deben votar una serie de normas que establecen las prohibiciones de ingreso de extranjeros al país”.

Añadió que “el Gobierno ha dicho que quiere ordenar la casa y esta ley le va permitir ordenar la casa, pero respetando los tratados internacionales que ha ratificado Chile que están orientados en el respeto de los derechos Humanos. En la comisión falta aún votar los artículos que permitirán la expulsión; faltan varias normas que establecen prohibiciones de ingreso, por esa razón no se puede afirmar lo que está planteando el Gobierno; la crítica es apresurada”.

La diputada Pérez señaló, además, que “la indicación es muy precisa y señala que ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto al país, donde su derecho a la vida, integridad física o a la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza, nacionalidad, religión, condición social u opinión política, en conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile. Eso es, no otra cosa”.

Sobre este punto, la diputada afirmó que “las normas sobre expulsión están en los artículos 118 y 119, y las de ingreso en los artículos 26 y 27. El principio implica que no se van a ignorar las normas dispuestas en los artículos señalados, sino que el Estado debe tener un especial cuidado de no poner en riesgo a las personas, y que si dispone una orden de expulsión o no ingreso al país, lo haga de una forma que no afecte a la vida, integridad física o libertad personal de las personas”.

“Para nosotros, es un tema claro y absolutamente consistente. El gobierno buscaba restringirlo solo a los solicitantes de asilo, pero el deber del Estado no es solo de quien solicite asilo o refugio, sino que debe vigilar respecto de todas las personas que no se les perjudique ni se les produzca daño”, concluyó.

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