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Gobierno presentó proyecto de Ley que moderniza sistema de evaluación ambiental

Ramon Monroy/AtonChile
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El Gobierno ingresó a través de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que entre sus modificaciones destaca acortar al mínimo las instancias de decisión política frente a los proyectos en revisión.

Para ello, la iniciativa cambia la conformación de la Comisión de Evaluación Ambiental a una de naturaleza regional. Así se plantea crear tres comisiones macrozonales integradas por autoridades conocedoras de las materias sobre las que deberán pronunciarse y por actores técnicos, restringiendo el factor político.

En el proyecto se reconoce la importancia del SEIA como instrumento de gestión ambiental en Chile, especialmente al incorporar esta temática a los proyectos o actividades que deben ser evaluados. Pero observa, sin embargo, que a 20 años de su entrada en vigencia y a ocho de la última gran reforma, su institucionalidad ha caído en la crítica ciudadana.

En la propuesta (boletín 11952) se plantea modernizar el SEIA, introduciendo normas que garanticen “el desarrollo sustentable, promueva la participación ciudadana y entregue mayor confianza a todos los actores de la sociedad”.

Otra modificación busca elevar el estándar técnico de los procesos de evaluación por medio de la creación de tres direcciones macrozonales: Norte, con sede en Antofagasta; Centro, con sede en Santiago; y Sur, con sede en Valdivia.

Además, se elimina la instancia de reclamación ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, contemplándose un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales. También se establece un recurso de aclaración especial, para que quienes presentan proyectos y la ciudadanía que participó en el procedimiento puedan acudir ante el mismo órgano, para aclarar pasajes oscuros del acto administrativo.

El proyecto contempla la ampliación de los espacios de participación ciudadana y procura un acceso igualitario a la justicia ambiental.

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