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Senadores presentan proyecto para impedir juicios abreviados sin acuerdo del CDE

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Los senadores independientes Carlos Bianchi y Alejandro Guillier, junto al DC Francisco Huenchumilla, ingresaron a trámite un proyecto que modifica Código Procesal Penal con el objetivo de restringir la facultad exclusiva de los fiscales para acordar salidas alternativas y procedimientos abreviados en casos sobre delitos en contra de la probidad pública.

Para esto, los legisladores proponen que el Ministerio Público deba tener el acuerdo favorable del Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuando éste actúe como querellante, como ocurrió en el caso Penta, en el que precisamente por un procedimiento abreviado, los principales imputados no fueron a juicio oral por soborno ni cohecho.

Concretamente, los parlamentarios proponen modificar el Código Procesal Penal en los artículos Nº 237 y Nº 406 del para establecer que en todas las causas judiciales sobre delitos que atenten contra la probidad pública, en las cuales el CDE actúe como querellante, los jueces no puedan autorizar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos de procedimiento abreviado propuestos por los fiscales del ministerio público sin que exista el acuerdo del consejo.

En el proyecto presentado, los parlamentarios argumentan que “se ha podido constatar que en casos donde se han realizado graves imputaciones por delitos que atentan en contra de la probidad pública, el Ministerio Público ha decidido proponer suspensiones condicionales al procedimiento y juicios abreviados a los imputados”.

Según el proyecto, estas salidas alternativas se proponen “a partir de la decisión autónoma y discrecional de un fiscal a cargo de la investigación, aun existiendo informes adversos provenientes de las unidades de asesoría de la Fiscalía Nacional y existiendo oposición por parte del Consejo de Defensa del Estado”.

“Lo anterior resulta especialmente sensible, ya que se tratan de ilícitos que atentan en contra de bienes jurídicos que no tienen un carácter patrimonial, individual o instrumental, sino que derechamente se tratan de hechos que pueden revestir los caracteres de delitos funcionarios y que se vinculan con atentados en contra del principio de probidad pública, encontrándose ligados al fenómeno criminógeno de la corrupción”, agrega el texto.

Bianchi explicó que “los senadores que presentamos este proyecto buscamos dar una clara señal al país de que no puede existir una fiscalía para los que tienen mucho dinero y otra fiscalía para los chilenos comunes y corrientes”.

“Nos resulta del todo incomprensible que un fiscal pueda llegar a acuerdos después de haber hecho anuncios grandilocuentes con respecto a la culpabilidad respecto a personas vinculadas al ámbito del dinero y el poder”, enfatizó.

Por su parte, Guillier señaló que “de lo que se trata es de fortalecer el rol de Consejo de Defensa del Estado y evitar la arbitrariedad que se ha observado por parte de algunos fiscales que a título personal están llegando a acuerdos que resultan inaceptables para la fe pública”.

“Cuando hay intereses públicos comprometidos debe existir el acuerdo del Consejo de Defensa del Estado para ir a juicios abreviados o a suspensión condicional. El caso Penta,, a nuestro juicio demuestra que hay una justicia para ricos y otra para pobres como ha señalado el senador Bianchi”, añadió.

En tanto, Huenchumilla expresó que lo que busca el proyecto presentado es que “para todo acuerdo entre la Fiscalía y los imputados en que esté en juego la probidad no podrá llegarse a un juicio abreviado o a la suspensión condicional si es que el Consejo de Defensa del Estado es querellante, para esos efectos, el juez de Garantía tiene que tomar la opinión del CDE, esa es la esencia de este proyecto”.

Finalmente, el abogado Mauricio Daza, redactor del proyecto presentado por los legisladores, expresó que “el interés público no puede quedar a lo que sea la voluntad o la arbitrariedad de un solo funcionario por sobre incluso de la voluntad de lo que es un organismo técnico colegiado y profesional, como es el CDE”.

“Este proyecto de ley es un gran avance para impedir aberraciones como la que ocurrió en el caso Penta se vuelvan a repetir y es un llamado de atención a quienes creen que pueden privilegiar el interés particular por sobre la fe pública”, concluyó.

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